Montilla y la Generalidad no respetan....

 

PRESIDENTES EN APUROS

En el encuentro que mantuvieron los presidentes de Aragón y Cataluña, Montilla se mostró reticente a la devolución de los bienes de las parroquias de la diócesis de Barbastro-Monzón.

 

El pasado 27 de octubre, Heraldo de Aragón glosaba unas palabras de Marcelino Iglesias afirmando que los obispos de Lérida y de Barbastro-Monzón "tienen problemas"  (!) y que el Gobierno de Aragón y la Generalidad de Cataluña deberían "facilitar que se cumpla el decreto vaticano sobre la devolución de los bienes". Puede ser cierto, pero ¿quién tiene la culpa?. En la misma reunión en Tahull de los dos presidentes, Montilla sostuvo (vanamente por lo que sigue) que Cataluña y Aragón tienen el deber de respetar "lo que les une" y "lo que es de cada uno". Y añadió, un tanto cripticamente, que "tenemos el derecho de no estar de acuerdo en todo".  

A Montilla le faltó decir en qué no está de acuerdo puesto que sabe, como presidente de una institución pública, que las decisiones de los tribunales eclesiales con jurisdicción reconocida en España por tratado internacional son de ejecución forzosa y que cabría emplear la fuerza pública (incluso con nocturnidad) como se hizo con los papeles del Archivo de Salamanca con menor motivo, porque se hizo sin esperar sentencia firme.

En realidad, ¿qué insinúa Montilla?. Pues Montilla insinúa que seguirá oponiendose a la devolución aunque lo haga por persona interpuesta y subvencionada, cuando su deber es asumir el fallo de Roma y cooperar a la efectividad del acuerdo de devolución adoptado por los respectivos obispos y el nuncio.

La actitud del presidente catalán la encuentro lamentable por varias razones. La primera, porque Montilla se injiere en un asunto eclesial que no es, en absoluto, de la competencia suya. Segundo, porque Montilla debe saber que el Estado español está obligado a cooperar a que se cumplan los acuerdos de la Santa Sede en los temas concordados, como es el controvertido. Y tercero, porque esas opiniones envenenan la relación entre Cataluña y Aragón. Montilla debería comprender que la última palabra ya la pronunció Roma y que el Estado español, del que Montilla es representante ordinario en Cataluña, está comprometido, en asuntos concordados como ese, a actuar por todos los poderes públicos, incluídos los de Catalúña y Aragón.

Verdaderamente, al decir que "puede no estar de acuerdo", Montilla parece encubrir una pretensión apropiadora de bienes declarados ajenos y eclesiales. ¿Querrá Montilla alargar indefinidamente el conflicto y hacer aún más difícil cualquier aproximación entre vecinos?. Es una hipocresía hablar de diálogo e ignorar las decisiones definitivas y firmes que, después de tantos años, se dictaron por quienes podían hacerlo, aunque no estén bajo la jurisdicción de Montilla que, por ahora, no es jefe de ninguna Iglesia nacional.

Es difícil colaborar con la Generalidad si allí se cree que los bienes declarados en 1995 como afectos a la diócesis de Barbastro-Monzón deben quedarse en Lérida para podernos seguir hablando, que el Archivo de la Corona de Aragón les pertenece en exclusiva o que aquí tenemos la obligación de enseñar y aprender catalán en nuestras escuelas. ¿Sólo nos querrán si nos ponemos al servicio de lo que les aproveche?. Si Montilla no respeta competencias ajenas, se pone en riesgo de que no respeten las suyas.

El conflicto está degenerando en una lucha contra las autoridades eclesiales, no entre ellas. Si, a finales de junio, el obispo de Lérida firmó con el de Barbasto-Monzón y con el nuncio de Su Santidad en España un documento anunciando de consumo la voluntad de devolver los bienes, nada permite imaginar siquiera que haya cambiado ahora esa voluntad concorde. En Aragón, todos esperamos que nuestro presidente no siga el rastro de las palabras de su homónimo de la Generalidad; por muchas conversaciones que haya mantenido con Montilla, lo que luego sugiere éste no es de fiar.

¿Quiénes tienen un problema, las autoridades eclesiales conformes en resolverlo como manda Roma o las civiles que no comprendan que su deber constitucional y legal es el de cooperar a que el Estado ejecute la voluntad de Roma, tan pronto como aquellos obispos lo pidan?. Ahora que el Estado es aconfesional ¿querrá Montilla que la Iglesia dependa de la Generalidad?. 

 

Joaquín Guerrero Peirona (abogado)

publicado en Heraldo de Aragón de fecha 22/11/08